El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró hoy “impostergable” la aprobación en el Congreso Nacional de las leyes imprescindibles para fortalecer el control de la corrupción y criminalidad, tras considerar que esos males amenazan el Estado social, democrático y de derechos establecido por la Constitución de la República.
En ese sentido, clamó por la aprobación este año de las reformas a la Constitución y las leyes de Partidos Políticos, Seguridad Social, Extinción de Dominio y Reforma a la Policía Nacional.
También, abogó por• una reforma institucional que garantice la calidad de la educación pública y otras iniciativas que asegura fortalecerían el sistema democrático del país.
“Reconocemos avances en la persecución de la corrupción y del crimen organizado, pero la delincuencia común sigue siendo una amenaza que transforma en un infierno la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas”´, manifestó.
Abusos policiales
A esa situación se agregan las frecuentes actuaciones abusivas de la policía, especialmente contra los sectores más vulnerables, añadió.
La posición de Participación Ciudadana está contenida en un documento entregado a los medios de comunicación firmado por sus directivos Joseph Abreu, Miriam Díaz Santana, Naomi Rodríguez, Isidoro Santana, Lizzie Sánchez, Josefina Reyes, Sarah Jorge, Diego D Aniello, Danilsa Peña, Betzaira Rodrígue y Willy Montán.
“Algunas de estas reformas están en el tiempo justo para ser concertadas y aprobadas, dados los enormes perjuicios que su posposición conlleva”, consideró.
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Con relación a las leyes Electoral y de Partidos Políticos dijo que “los cambios en la normativa deberían producirse este año, de manera que la Junta Central Electoral y los mismos partidos tengan tiempo de aplicarlas antes del periodo electoral”.
Escasos avances
“Participación Ciudadana ve con preocupación los escasos avances en las diferentes mesas que están a cargo de estos temas y la aparente disposición de algunos sectores de dificultar las reformas”, indicó.
Pidió a los sectores que confluyen en el Consejo Económico y Social (CES) que se comprometan con impulsar esas reformas, asumiendo un rol activo, desde los sectores social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición.
El documento expresa que el CES debe “contribuir con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas”.