Cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional expresaron esta mañana su oposición al “Acuerdo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos de América, en relación con la preautorización en el transporte aéreo”, porque afecta la soberanía y viola la Constitución de la República.
Sostienen que el mismo no está siendo tratado con la profundidad que amerita, a pesar de las serias implicaciones que tendría para el supremo interés de nuestro país.
Los exjueces del Tribunal Constitucional, Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, dijeron que la verdad sobre el referido prechequeo es que forma parte de un programa de los Estados Unidos con el propósito de prevenirse de los terroristas, así como de otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso al territorio norteamericano, existente tan sólo en 6 países del mundo.
Indican que agentes de migración y aduanas de los Estados Unidos en territorio dominicano podrían aprehender y someter a vejámenes a los dominicanos en el territorio nacional.
“En ese acuerdo no hay reciprocidad”, dijo Cury.
Dijo que ese acuerdo busca omitir el objetivo fundamental de la preautorización como política de seguridad nacional de los EE UU y acentuar los cuestionables beneficios colaterales que tendría dicho acuerdo para el turismo, ha sido la maniobra que se viene usando desde entonces por diferentes sectores nacionales de nuestro país, para facilitar su aprobación.
Dijeron que la modalidad que se pretende establecer en los aeropuertos internacionales del país, comenzando por la terminal de Punta Cana, también conocido como prechequeo o preclearance (en inglés), resurgió durante las recientes evaluaciones a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
“Permitir la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los EE. UU autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicana, por cuanto implica cesión de soberanía”, indican.
Precisan que eso significaría una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio nacional. Además, el acuerdo contradice el precedente del Tribunal Constitucional sentado en la Sentencia TC/0315/15 que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la Ley Fundamental.
Revelaron que cuyo proceso de control preventivo cursa en la alta corte, desde el 8 de diciembre de 2016 y por asunto de ética no podían hablar sobre el tema.
Los ex jueces sostienen que no se ha informado que el acuerdo sujeta a los viajeros y sus bienes a una segunda inspección a su llegada a los Estados Unidos.
