El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que modificaría de arriba abajo la estructura de la Policía Nacional, cuya misión haría énfasis en la prevención de crímenes y delitos y sería dirigida por un oficial general en funciones de director general con retiro obligatorio al final de su gestión.

Se trata de un complejo amasijo jurídico que procura la creación de un híbrido entre lo civil y lo militar regenteado por un Consejo Superior Policial que tendría la misión de presentar al Poder Ejecutivo una terna con cinco oficiales generales entre los cuales el presidente de la Republica escogería al titular de la institución.

Entre los aspectos relevantes de ese proyecto figura la prohibición de la asignación de agentes policiales para uso y disfrute de personas públicas o privadas, lo que permitiría retornar a los cuarteles a más de seis mil efectivos hoy al servicio de funcionarios y particulares.

El proyecto sugiere el traspaso de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a la Procuraduría General de la Republica, propuesta que debería ventilarse a fondo para poder establecer las ventajas y desventajas que supone que esa agencia quede envuelta en la burocracia del Ministerio Público, de quien por mandato constitucional ha de ser su auxiliar.

Las acciones de los agentes policiales quedarían bajo el escrutinio de comisiones independientes integradas por miembros de la sociedad civil que tendrían potestad para investigar posibles excesos policiales y recomendar las sanciones de lugar, con el consiguiente riesgo de que los agentes limiten el alcance de su desempeño para evitar afrontar a esos comisionados civiles.

Se resalta la obligación que tendrían los oficiales generales de presentar una declaración jurada de bienes cada dos años ante el Consejo Superior Policial, lo que haría más difícil el enriquecimiento ilícito o la complicidad policial con el crimen organizado.

En ninguno de los artículos de ese proyecto de nueva ley, se establecen fuentes o garantías de adecuado financiamiento para las tareas de prevención, investigación y persecución de crímenes y delitos que se asigna a esa institución, lo que hace temer que esa iniciativa se quede en un simple enunciado sin posibilidad de producir el cambio deseado.

Con la actual estructura salarial, la carencia de equipos y la baja autoestima de su personal, no sería posible garantizar el éxito de tan radical y compleja modificación de la estructura y misión de la Policía, a menos que desde las más altas instancias entiendan que lo primero que debe atenderse ha de ser el cambio de las penosas condiciones económicas en que se desempeñan sus miembros.