La persecución del chofer de un camión recolector de basura por un grupo de motociclistas, quien terminó mortalmente acuchillado al buscar auxilio en el Palacio de Justica de Santiago, evidencia nuevamente la inseguridad vial y el caos provocado por el grueso de motoristas que actúa “como chivos sin ley”.

No es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la impunidad en el comportamiento de este sector socioeconómico, un fenómeno que requiere estudios para generar políticas públicas efectivas, porque el mal que son se asemeja a una plaga o pandemia que no es enfrentada por las autoridades.

La gravedad y repudio colectivo generado por el suceso exige respuesta urgente y contundente por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para frenar este tipo de violencia y restaurar el orden en el tránsito, porque la situación es una amenaza permanente a la paz ciudadana.

Este tipo de vehículo es el más numeroso del país con más de 3.8 millones de unidades, casi el 60 por ciento del parque total, más que carros y yipetas, es el principal medio de transporte para familias de limitados recursos y tiene usos en actividades económicas informales de mensajería y del motoconcho.

Los motociclistas no pueden ser eliminados en un santiamén, dice el refranero que “cada cabeza es un mundo” y “hay de todo en la viña del Señor”. Los motoristas deben ser sometidos al orden y cumplimiento de la ley, sin quitarle su importancia en el empleo informal y superación individual.

La dramática situación actual evidencia que los gobiernos han perdido el control efectivo del sector, que ha faltado voluntad para enfrentarlos en aspectos clave como fiscalización del uso de licencia para conducir, seguro y placa del vehículo, además de someterlos a exámenes toxicólogos y conductuales, así como adecuar la ley para incluir sanciones que impliquen penas de prisión.