Como una subversión al orden constitucional que afecta el mandato de la ley y un atentado contra la libertad de prensa, fue calificado hoy por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) el atropello de que fue objeto el pasado lunes del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, junto a miembros de su equipo y de los medios de comunicación durante una visita de inspección al Centro de Retención de vehículos en el antiguo canódromo El Coco.

La entidad dijo que con la actuación, por parte de las autoridades encargadas de la retención de vehículos, se ha subvertido el orden constitucional, afectando, de una parte, el buen desenvolvimiento del mandato legal del artículo 3 de la Ley 19-01, que crea el Defensor del Pueblo.

Expresó que en la acción, de otra parte, se afectó el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, consagrado en la Carta Sustantiva en el artículo 49.

“Este atentado contra la institucionalidad y contra la libertad de prensa no se puede tolerar en un Estado social, democrático y de derecho, toda vez que retrocedemos a épocas superadas donde primaba el abuso de autoridad”, manifestó el organismo que agrupa a los fiscales.

“Desde Fiscaldom nos solidarizamos y expresamos todo nuestro respaldo con el Defensor del Pueblo y los miembros de la prensa agredidos brutalmente por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), en un acto vergonzoso por una institución llamada a preservar el orden público y la paz social”, precisó la entidad.

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La investigación del caso está a cargo de la Dirección de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, organismo que tiene previsto interrogar a la directora del Centro de Retención, coronel Ysabel de los Santos Pérez.

El martes fueron interrogados el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y miembros de su equipo que lo acompañaron a la labor de inspección.

Los fiscales de la investigación dijeron que serán interrogados todos los involucrados en el hecho, incluyendo a los periodistas y camarógrafos.