La rendición de cuentas como un imperativo del Poder Ejecutivo cada año se ha desvirtuado de su esencia constitucional en base a la mala costumbre de convertir el salón de la Asamblea Nacional en escenario para la propaganda política y exposición de logros acumulados y anuncios de proyectos a futuro.
El mandato del artículo 128.2.f de la Constitución es clarísimo, en cuanto a la responsabilidad del presidente de la República, al ordenarle “depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior”.
Se sabe poco de si se cumple el trámite de entregar la documentación del ejercicio presupuestario de los órganos que, como dependientes directos del Poder Ejecutivo, administran los recursos que el Congreso Nacional asigna mediante ley, cada año, a la primera figura de la administración pública central.
Todos los jefes de gobierno posteriores a Balaguer han contado con la complicidad de senadores y diputados, en la reunión conjunta de las cámaras legislativas, en la que deben “recibir el mensaje y la rendición de cuentas del presidente de la República y las memorias de los ministerios” (art. 121 CD).
Los miembros del Congreso Nacional dan la impresión, si se revisa la letra de la Carta Magna, que ignoran e incumplen su razón de ser en el sistema de frenos y contrapesos del ejercicio democrático, en lo que respecta a fiscalizar y controlar, cada año, los actos del Poder Ejecutivo (art. 93.2.d CD).
Sin que sea alusión exclusiva al mandatario actual, la rendición de cuentas “del año anterior” del Presidente ha pasado a ser un compendio de realizaciones multianuales, hasta de cuatrienios, de repetición de anuncios de proyectos gubernamentales, de omisiones conscientes, y de posicionamiento proselitista en base a técnicas de mercadeo político dirigidas al corazón y no a la razón.
