El proyecto de Ley General de Salarios debería ser aprobado por el Congreso tal y como fue elaborado por el Ministerio de Administración Pública porque su normativa procura desterrar la discrecionalidad e inequidad en la asignación de sueldos a nivel oficial.

Ese estatuto sirve como un marco general sin estatuir sobre topes específicos, aunque sí establece tipos de reglamentaciones basado en el criterio único de que en el Gobierno central ningún funcionario puede percibir un salario mayor al devengado por el Presidente de la República.

Dicho de otra manera, esa ley pondría fin al desorden en la asignación de sueldos y salarios en la Administración Pública, donde se conocen casos de funcionarios de ministerios y dependencias menores que ganan cientos de miles de pesos, mucho más que sus iguales en organismos del mismo nivel.

A lo que se aspira es al cese de los irritantes privilegios o discriminaciones en la escala general de salarios, que se lograría con la aprobación de una ley que reglamente ese aspecto de manera general y particular.

El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, ha dicho que esa ley fue consensuada a través de talleres patrocinados por esa institución y el Consejo Nacional de la Reforma Estatal (Conare), lo que garantiza que su elaboración ha contado con todas las previsiones de lugar.

El proyecto contempla reglamentaciones específicas para instituciones oficiales que por su incidencia técnica y nivel de competitividad y conocimiento de sus servidores, requieren de abordajes especiales, como serían los casos del Banco Central, Banco de Reservas, Dirección General de Impuestos, entre otras.

En todos los casos referidos a sueldos y salarios en la Administración Pública, el estatuto de referencia eliminaría la discrecionalidad en la asignación de los montos por parte de ministros, gobernadores o directores, lo que evitaría discrimen o privilegios.

Al Congreso no le queda de otra que aprobar esa ley sin modificaciones engañosas, porque urge frenar el desorden y el irritante cuadro de desorden que prevalece en la Administración Pública a nivel salarial, donde una camada de funcionarios y relacionados se creen con derecho a repartirse un botín por vía de sueldos inflados y otras formas de privilegios.