La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, se ha ganado la dura respuesta del Gobierno por sus juicios divorciados de la realidad sobre la repatriación de parturientas haitianas indocumentadas.

En las repatriaciones no ha hecho más que aplicarse la ley, con todo el respeto a la dignidad y la condición humana de las mujeres que las circunstancias han colocado en el difícil trance. En torno a la presencia de las embarazadas hay muchas preguntas sin respuestas, pero lo cierto es que ni siquiera ellas se han quejado de atropello en el proceso de detención y repatriación.

Antes de la CIDH expresar preocupación por el caso de las mujeres ya las Naciones Unidas había solicitado detener el proceso, lo que de aceptarse provocaría, al margen de los gastos en que se incurriría, otro conflicto al país.

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó de “irresponsable pretensión” el interés de entidades internacionales de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros de República Dominicana.

La preocupación expresada por la CIDH sobre las repatriaciones no tiene otro asidero que el sentimentalismo que provoca la suerte de unas mujeres que República Dominicana no está en capacidad de solucionar. Por más triste que sea el caso las autoridades no pueden dejarse intimidar por la presión internacional ni de ningún sector respecto al caso de las parturientas