No debería pasar inadvertida la muerte en la comunidad Cruce de Hatillo, San Cristóbal, del joven Smerlin Solano Frías, de 24 años, quien el martes último sufrió el impacto de un balazo en la cabeza por un agente policial durante una manifestación en reclamo de la construcción de un elevado en la autopista 6 de Noviembre.

Solano Frías regresaba a su casa al concluir su jornada laboral cuando se produjo la tragedia, sin que las autoridades expliquen las razones por las cuales los agentes usaron fuego letal contra una multitud que ejercía su derecho a la protesta, acción injustificada aun cuando algunos participantes incendiaron neumáticos y lanzaron piedras.

El 25 de diciembre, otro joven, Miguel Ángel Miranda Flete, murió de un balazo en la cabeza durante la intervención de la Policía para poner fin a una fiesta callejera en el barrio Pekín, de Santiago, sin que tampoco se precise si hubo justificación para disparar fuego real contra la muchedumbre.

El Gobierno ha invertido desde 2024 en el Programa de Reforma Policial, 8,389 millones de pesos, de los cuales RD$2,797 millones han sido usados para adquirir “dispositivos eléctricos no letales”, y otras partidas para capacitación y entrenamiento de 1,372 policías, pero aún se dispara a mansalva contra civiles.

Se ha dicho que el objetivo del programa de reforma policial es transformar la institución en una entidad más eficiente, transparente y respetuosa de los derechos humanos, pero propias autoridades procuran siempre justificar casos de homicidios perpetrados por agentes policiales con el sambenito del intercambio de disparos.

El año pasado se produjeron al menos 187 muertes de civiles en “intercambios de disparos” con efectivos policiales, tan frecuentes que el promedio entre mayo y agosto fue de 25 decesos mensuales, en tanto que se cuentan con los dedos de una mano casos de homicidas investigados o sometidos a la justicia.

No hay forma de explicar que un agente policial supuestamente entrenado en el nuevo modelo de reforma de la institución dispare fuego letal contra decenas de personas que reclamaban la construcción de una obra pública, o contra gentes ruidosas que participaban en una fiesta callejera.

Es momento de que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, emprendan acciones para desalentar la añeja práctica del gatillo alegre, que en la mayoría de los casos no es otra cosa que crímenes extrajudiciales arropados con el inefable manto de “intercambio de disparos”.