La sociedad no parece reparar en el escándalo que significa que el Ministerio Público adelante que investiga a la Cámara de Cuentas ante la posible comisión de delitos que incluyen asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de dinero.

A lo que se investiga por corrupción y cohecho es al órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, que posee la facultad exclusiva de auditar y evaluar los estados financieros de todas las instituciones del Estado, cuyos informes poseen carácter de obligatoriedad sobre personas y entidades.

En el Estado moderno, la Cámara de Cuentas representa un poder alterno del aparato estatal porque su rol está a la par con los del Poder Ejecutivo y del Congreso, razón por la que constituye una tragedia ética, moral y jurídica que todos los miembros de esa institución sean objeto de una investigación de carácter criminal.

En principio, el Ministerio Público informó que había iniciado una investigación en torno a presunta obstrucción de la justicia contra los miembros de ese órgano fiscalizador, pero el domingo informó que posee indicios que comprometen su responsabilidad en corrupción administrativa.

Los procuradores fiscales habían formalizado acusaciones sobre corrupción, soborno, prevaricación y cohecho contra exfuncionarios, legisladores, suplidores, profesionales del derecho, pero es la primera vez que se refiere a una indagatoria que podría comprometer al directorio completo de una institución.

Resulta devastador que los responsables de un ente jurídico oficial cuyas prerrogativas de fiscalizar el uso correcto de los fondos públicos o de las cuentas nacionales sean objeto de una investigación penal que podría convertir al gavilán en paloma.

El Ministerio Público tendrá que emplearse a fondo para reunir las pruebas de cargos respecto a ilícitos tan serios por los que investiga a miembros de la Cámara de Cuentas, como falsificación de auditorías, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, lavado de dinero y, obviamente, asociación de malhechores.

La figura de presunción de inocencia resiste hasta el final, por lo que en este momento solo debe decirse que esas personas son investigadas por asuntos que interesan a la justicia, pero aun así resulta un golpe devastador para el endeble vientre moral de una República diezmado por el helicobacter de la corrupción.