Tras la movilización del domingo en San Juan contra el proyecto minero Romero, en la provincia, el Gobierno optó por detener la evaluación que se había autorizado a la empresa GoldQuest.

Al anunciar la decisión, el presidente Luis Abinader recurrió a la Ley 64-00 de Medio Ambiente en lo atinente a que cuando existe un rechazo social mayoritario a proyectos como el de Romero, su continuidad no resulta viable.

Lo cierto es que en la movilización contra la evaluación para determinar si era factible la explotación de posibles recursos auríferos participaron representantes de los más diversos sectores.

Pero desde el propio Gobierno se habían defendido los estudios, en los que la firma invitó a participar a ambientalistas, comunitarios, técnicos de la Academia de Ciencia y de otros sectores, para determinar si la explotación era factible.

Con detener los estudios sobre la base del rechazo y el argumento de que su Gobierno escucha escucha las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía, parecía más que suficiente.

Pero el Presidente estimó necesario señalar, como para evitar confusiones, que el proyecto no se originó en su administración, sino que data de concesiones de explotación otorgadas en 2005 y renovadas en 2010, y posteriormente en 2015 y 2018.

Por más fundamentos que puedan tener las razones institucionales y sociales, la decisión plantea interrogantes sobre el desarrollo de la minería en el país. Más cuando la oposición no es solo ambiental, sino de distintos matices.