SANTO DOMINGO.– La justicia dominicana no logró determinar la posible implicación de los miembros de la familia diplomática argentina Luis Palma de la Calzada y Martín Luis Palma Meccia en la muerte del niño José Rafael Llenas Aybar, pese a que un tribunal consideró procedente juzgarlos en contumacia, figura jurídica hoy inexistente.
La decisión fue emitida el 28 de mayo de 1998 por el juez de la Sexta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, al conocer un recurso incidental presentado por el abogado de Mario José Redondo Llenas, Artagnan Pérez Méndez, quien solicitaba que los diplomáticos fueran sometidos a la acción de la justicia.
En la querella inicial fueron incluidos miembros de la familia diplomática, entre ellos Palma de la Calzada y su hijo Palma Meccia. Sin embargo, no se instrumentó ningún proceso judicial en su contra debido a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 31 dispone que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor.
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La normativa internacional también establece que los diplomáticos están protegidos frente a la jurisdicción civil y administrativa, no están obligados a testificar y no pueden ser objeto de medidas de ejecución, salvo excepciones específicas que no vulneren la inviolabilidad de su persona o residencia.
Asimismo, la Convención precisa que la inmunidad en el Estado receptor no exime al agente diplomático de la jurisdicción de su Estado acreditante.
La familia Palma representó al gobierno de Argentina en el país durante las administraciones de Carlos Saúl Menem (1989-1999), período en el que ocurrió el crimen de Llenas Aybar, en mayo de 1996, en el Distrito Nacional.
Por este caso, solo fueron procesados Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez, bajo una investigación inicial encabezada por el entonces coronel policial Rafael Bencosme Candelier.
Este 5 de mayo de 2026, Redondo Llenas, de 49 años, recobró la libertad tras cumplir una condena de 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal, reavivando el debate sobre uno de los casos más impactantes en la historia judicial dominicana.
