La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, mediante juicio político en el Parlamento, ha sido una burda manera de perpetrar un golpe de Estado contra el orden institucional y la voluntad soberana del pueblo paraguayo que lo eligió el 20 de abril de 2008 para dirigir los destinos de esa nación hasta el 20 de abril de 2013.

El fardo acusatorio presentado por la Cámara de Diputados contra el presidente Lugo está constituido por una sarta de mentiras e imputaciones de carácter político que evidencian que esa trama antidemocrática estuvo alentada y motorizada por grupos de intereses ligados al latifundio y a la dictadura partidaria que se enquistó en el poder por más de seis décadas.

Sin que los legisladores presentaran la más mínima evidencia, el presidente Lugo fue acusado de instigar y facilitar recientes invasiones de tierra por parte de miles de campesinos en la zona de Ñacunday, donde la Policía reprimió a los ocupantes con saldo de 17 muertos.

El grave pecado del mandatario paraguayo ha sido el de respaldar un proyecto de reforma agraria que ayude a aliviar la marcada desigualdad e injusticia en el sistema de tenencia y explotación de tierras, dado que la mayoría de los predios cultivables están en poder de latifundistas vinculados o herederos de la dictadura de Alfredo Stroessner, que desgobernaron por 61 años.

La derecha política del Paraguay con amplio dominio del Congreso de la República ha propiciado ese golpe de Estado, mascarado de destitución constitucional, bajo espuria acusación de que el presidente Lugo respaldaba al movimiento guerrillero y propiciaba el estallido de una revuelta social para implantar un régimen socialista de partido único.

La verdad es que esos grupos latifundistas que detentan más del 80 por ciento de las áreas cultivables, consolidaron grandes fortunas con la producción y exportación de soya, mientras la mayoría de los agricultores y campesinos siguieron sumidos en la miseria, pero este año, una prolongada sequía aniquiló la producción y atizó el reclamo por una justa distribución de tierra.

Como era de esperarse, la mayoría de los jefes de Estado de América Latina, República Dominicana entre ellos, han condenado el golpe contra el presidente Lugo y advertido que no reconocerán al gobierno de facto porque la voluntad del pueblo paraguayo expresado en las urnas ha sido burlada, pisoteada, humillada.

Esa bufonada golpista que pretende cercenar de un plumazo a la democracia paraguaya y retrotraerla a los tiempos de la cruenta dictadura de Stroessner y del partido Colorado, merece el repudio y aislamiento total de la comunidad internacional que debe emplear toda su influencia para frustrar lo que ha sido un golpe de Estado con hedor a legalidad.