Goyito a 52 años de un crimen de Estado

Por: Enrique García Frómeta

Santo Domingo.- Marzo es el mes de la libertad de prensa y  expresión en República Dominicana. En este mes han muerto muchos periodistas y trabajadores de la prensa, pero entre ellos hay dos mártires y un sobreviviente, los tres más leídos columnistas en la historia del diarismo de siempre, en orden cronológico:

 Gregorio García Castro tiene la primacía en el martirologio de marzo en los sangrientos 12 años de gobierno decrimen de Estado

 Ese 28 de marzo es una fecha fatídica, pues imperó un despliegue de amenazas, persecución, acecho, premeditación, alevosía, intento de secuestro y asesinato fríamente con la presencia de vecinos testigos de la calle Mercedes casi esquina José Reyes, especialmente la valiente señora Altagracia Caridad González (Tatica), la familia Silverberg, la familia Mieses, entre otros.

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Este asesinato, en pleno centro de la Zona Colonial de Santo Domingo, Distrito Nacional, ciudad primada de América, causó un impacto tan grande en todo el país que la misma noche comenzaron protestas en muchos pueblos, manifestaciones de peso.

En Tenares, unos campesinos asaltaron un cuartel de la Policía y sacaron a los siete policías que huyeron de los machetes de los labriegos disgustados.

Su entierro fue muy concurrido, se estima que unas 30,000 personas caminaron a pie, desde la funeraria La Altagracia de la avenida Bolívar y toda la Máximo Gómez hasta el Cementerio Nacional. Unas 200 coronas fueron depositadas en la funeraria por el pueblo dominicano, amigos y familiares de Gregorio García Castro

Muchas protestas de varios meses se realizaron en todo el país, paralizándose escuelas y liceos. En 1974 hubo dos abstenciones de la oposición por el estado de terror y represión que continuó tras el asesinato de Goyito.

Por el crimen, cuyas pesquisas  encabezó la comisión investigadora, presidida por el general Neit Nivar Seijas, asistido por el coronel Raúl Darío Aristy Calvo, comandante de contra homicidios de la Policía, quienes señalaron a los actores materiales solamente: el teniente Juan María Arias Sánchez y los cabos José Rafael Pérez Pereyra y Milton de la Cruz Lemur. Se dice que el inferior fue mutilado en la autoría intelectual, pero que el general conservaba un órgano de la trama completa.

Esto último coincide con las memorias de Balaguer, donde el autor admite que fue un funcionario civil o militar que impartió la orden para asesinar a Gregorio García Castro.

Gregorio nos confesó a mi madre y a mí, al periodista Julio César Martínez y a una de las hijas de este que el sector de Pérez y Pérez mandó a matarlo y que carros del Chino Pichardo lo perseguían, todo eso se sabe.

Coincide también con las primeras amenazas a Orlando, cuando  comenzó a indagar del crimen de Goyito y publicó la polémica entre el general Nivar Seijas y el general Cruz Brea, en el Palacio Nacional, a punta de pistola.

El asesinato de Gregorio García Castro no ha prescrito, porque después de elevado el recurso de revisión de la sentencia clandestina de 1980, que se conoció 20 años después, por la investigación dispuesta por el entonces presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, la cual fue emitida sin constituir un tribunal, sin notificación a las partes, sin juicio oral, público y contradictorio, sin publicidad, en el gobierno de Guzmán, bajo el control reformista del Senado, con jueces militares, fruto del “gacetazo” que despojó al PRD de tres senadores y un diputado, dos golpes de Estado institucionales, ambos adefesios jurídicos de un laberinto de ilegalidad.

Nosotros siempre íbamos depositando el recurso de revisión a los sucesivos procuradores generales de la República y en el año 2013, el doctor Francisco Domínguez Brito designó a tres procuradores adjuntos para emitir el dictamen y que la SCJ estuviera en conocer la revisión de la casación de caso de Gregorio García Castro, nunca se nos notificó nada y no sabemos el curso que siguió, solo una rueda de prensa de los tres procuradores adjuntos, diciendo que un crimen de Estado, no podía prescribir jamás en República Dominicana.

 Nosotros informamos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes le remitieron el caso a la Comisión Interamericana y esta entidad está enterada del estatus irregular de la sentencia clandestina que se prestó el Estado Dominicano a emitir, irregular e ilegalmente.

Por todo esto el caso es imprescriptible, aunque sea moralmente y condenado también el Estado criminal que dispuso este horrendo asesinato.