La advertencia de que la producción de arroz sería la más afectada en el desmonte progresivo de aranceles a productos agropecuarios, que se inicia este año hasta quedar libre de impuestos en 2025, no debería tomarse a juego, porque ese cereal es un producto estratégico ligado a la seguridad alimentaria y a la gobernanza.
El Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), firmado en 2005 con Estados Unidos y Centroamérica, contempla una reducción progresiva de gravámenes a las importaciones de rubros agrícolas y pecuarios procedentes de esos destinos, por lo que el arroz producido en Estados Unidos ingresará libre de arancel a partir de 2025.
Sería imposible para los productores nacionales de arroz competir con sus pares estadounidenses, en razón de que aquellos reciben subsidios millonarios por parte del Gobierno, ya sea para incrementar o disminuir su cultivo, así como para procesarlo y almacenarlo.
El Gobierno debería tomar muy en serio los planteamientos del economista Roberto Despradel y del coordinador de las Asociaciones de Productores y Molineros de Arroz, Manolo Tavárez Mirabal, de que las importaciones libres de arancel del cereal estadounidense constituyen una grave amenaza para el sector.
Es muy alta la probabilidad de que la producción nacional de arroz sufra un impacto demoledor a partir de 2025, lo que llevaría a la quiebra a más de 30 mil productores, 80 mil trabajadores y miles de accionistas y empleados de factorías.
Con el acuerdo de Marraquesh, que creó la Organización Mundial de Comercio (OMC), el 15 de abril de 1994, se produjo también la desregulación del comercio mundial, ocasión en la cual República Dominicana firmó el acta que liberaba de arancel a productos sensibles de la agropecuaria como arroz, leche y derivados, carne roja, pollo, habichuela, ajo, azúcar y cebolla.
Ese compromiso con la OMC causaría la quiebra de la agropecuaria nacional, por lo que el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer presentó una rectificación técnica ante ese organismo, lo que permitió restablecer aranceles hasta un 40%, además de imponer cuotas de importación de varios productos, incluida la leche.
Ante el desmonte total de arancel a las importaciones de arroz y otros rubros, República Dominicana debería solicitar una nueva rectificación técnica en el DR-Cafta para prolongar el periodo de desgravación, porque los productores locales no están en condiciones de competir con una economía como la de Estados Unidos que dedica más de 400 mil millones de dólares en subsidios a la agropecuaria.
