Donald Guerrero
El peritaje contable patrimonial ordenado por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los tres exministros del pasado Gobierno implicados en el caso Calamar concluyó que no existe ningún indicio de operaciones sospechosas, irregularidades financieras ni señales de lavado de activos en el patrimonio del exministro Donald Guerrero Ortiz.
El informe, elaborado por los peritos designados por el tribunal, Ramón Antonio Perelló, del Instituto de Contadores Públicos de RD, y Pedro Urrutia Sangiavanni, abarcó el período comprendido entre 2012 y 2023 e incluyó un análisis exhaustivo de ingresos, bienes, inversiones, cuentas bancarias, préstamos y documentación fiscal en República Dominicana y Puerto Rico.
Según consta en el documento, tras evaluar de manera integral toda la información requerida, los peritos establecieron que “no hemos observado ningún tipo de operación sospechosa, ni tampoco detectamos operaciones que pudieran desviar nuestra atención para realizar procedimientos adicionales de verificación por lavado de activos”. Añadieron que cada movimiento financiero examinado cuenta con respaldo documental legítimo y verificable.
Según la licenciada María del Pilar Zuleta, del equipo legal de Donald Guerrero, el peritaje resalta que todos los fondos recibidos y utilizados por Donald Guerrero provienen de la actividad comercial de sus empresas, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.
En este sentido, los expertos señalan que “toda la documentación que avala los préstamos obtenidos, las inversiones realizadas y los fondos recibidos corresponde a operaciones propias de sus empresas”, información sustentada, además, en sus declaraciones de impuestos presentadas en ambas jurisdicciones.
Asimismo, los peritos concluyen que el crecimiento patrimonial del exministro es consistente con su trayectoria empresarial, su condición de presidente y accionista principal de diversas compañías, y con su desempeño profesional y público.
Por ello, Zuleta pone énfasis en que “no existe indicio alguno de irregularidad o contaminación patrimonial, incluso en los años anteriores a 2016, lo que refleja una evolución financiera coherente durante más de tres décadas”.
