La decisión de Haití de multar a sus nacionales que trafiquen con mercancías de manera ilícita desde República Dominicana se enmarca dentro de su soberanía.

Por más duras que sean las condiciones de subsistencia de su población no se puede recriminar a las autoridades por la regulación de su comercio interno y externo.

Se puede entender que Haití debe ser más flexible con la adquisición de alimentos, medicamentos y algún otro producto básico, sobre todo ante las grandes escaseces que golpean a sus nacionales, pero es su decisión.

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La sanción con multas de hasta 500 mil gourdes (unos 215 mil pesos dominicanos) es para quienes introduzcan mercancías de manera ilegal desde República Dominicana.

No se tiene claro si la medida es extensiva a la introducción de mercancías desde otros países. Los bienes incautados serán destruidos, distribuidos o vendidos en pública subasta.

Tal parece que lo que se quiere castigar es el contrabando, pero en medio de la actual crisis la medida se presta a muchas interpretaciones.

Una de ellas es que el gobierno haitiano obstaculiza el intercambio comercial y el restablecimiento de las buenas relaciones con República Dominicana.

Mientras los haitianos estén negados a buscar una salida a la crisis desatada por la construcción del trasvase del río Masacre, las autoridades dominicanas están compelidas a esperar el desenlace de los acontecimientos.