Para evitar frustraciones con el proyecto de ley que regula los salarios en el sector público, el Congreso tendrá que hilar fino. Sensatez y sensibilidad son conceptos fundamentales tanto en lo concerniente a suprimir privilegios como para que prime la equidad. No basta con establecer topes si no se previenen fórmulas que eviten que los funcionarios puedan elevar sus ingresos, a través de subterfugios como el barrilito, a niveles que incluso escandalizan y ofenden.

Algunos sofismas que asoman en el informe de la comisión senatorial que estudió la pieza constituyen, de entrada, un mal presagio. Como saben hasta los célebres chinos de Bonao ningún cargo público, por más técnico y delicadas que sean sus funciones, representa, para escapar a la regulación salarial, un sacrificio para su incumbente. Y menos cuando su designación no es determinada, como debería ser, por su currículo.

Resulta cuesta arriba que un subordinado pueda recibir un salario superior al del Presidente de la República sobre la base de una supuesta autonomía, como disecciona el proyecto de ley en cuanto a las llamadas entidades autónomas. Todavía el crecimiento y el bienestar los hayan logrado con magia y el país fuera el número uno en el mundo en materia de eficiencia y pulcritud en recaudaciones, regulaciones y supervisiones de toda índole.

Es posible que haya muchos técnicos y funcionarios que merezcan muchísimo más de 500 mil pesos mensuales, que es el salario que se establece para el jefe del Estado, pero también ha de tomarse en cuenta que este es un país con un elevado índice de pobreza, donde según las propias autoridades alrededor de 150 mil familias dependen de la tarjeta Solidaridad para satisfacer algunas necesidades.

Pese a sus inconmensurables aportes, los técnicos que no se conformen con recibir un salario inferior al del Presidente de la República deben, por más calificados que sean, al menos mientras prevalezca el actual esquema político, volver a su ejercicio en el sector privado o a algún puesto en organismos internacionales. Con ingresos equivalentes a 12,771 dólares el jefe del Estado estaría entre los mejor remunerados de la región.

Algunos congresistas y el ministro de Administración Pública han planteado, con razón, que no debería haber excepciones con una ley por demás llamada a corregir el desorden y la inequidad que ha primado en el sector público en materia de salarios. En tanto el Presidente de la República devenga como sueldo base 130 mil pesos mensuales cualquier funcionario de poca monta se embolsa, como si nada, 150 mil. Sin hablar de las responsabilidades.

El proyecto no puede festinarse. Sobre los hombros del Congreso descansa la responsabilidad de que la legislación, como advirtió el ministro Ramón Ventura Camejo, sirva para transparentar y revestir de la mayor equidad la escala salarial en un sector público además plagado de cargos innecesarios y botellas al granel.

Ha de tenerse muy en cuenta, para que nadie se llame a engaño, que la confianza depende esencialmente de la seguridad jurídica y del respeto a las reglas de juego. Cuando los intereses particulares priman sobre los colectivos, como desgraciadamente ha ocurrido hasta ahora en muchos aspectos, las consecuencias suelen ser funestas.