La declaratoria del 30 de mayo como “Día de la Libertad” para conmemorar el 60 aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y rendir honor a sus ejecutores, es una iniciativa que data desde el 4 de diciembre de 1961.

Antier, el presidente Luis Abinader declaró mediante decreto el 30 de mayo como “Día de la Libertad”, en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinatos, de separaciones, torturas y abusos ejecutados durante la dictadura de Trujillo, cumpliendo así con un requerimiento que data desde el cuatro de diciembre de 1961, que lo hiciera por primera vez el abogado Eduardo Sánchez Cabral, mediante una carta pública enviada al presidente del Consejo de Estado, Joaquín Balaguer.

Sin embargo, ni Balaguer ni los demás que lo sucedieron en el Poder se preocuparon por declarar el 30 de mayo como Día de festejo nacional. En concreto, el abogado Sánchez Cabral le solicitó al presidente del Consejo de Estado, Joaquín Balaguer, declarar el 30 de mayo de cada año como “Día de Fiesta Nacional”, por ser aniversario del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Sánchez Cabral justificó su pedido en esa ocasión en que el ajusticiamiento de Trujillo tenía “tanta trascendencia política e histórica como la Independencia y la Restauración de la República”, por haberle librado “del más largo y ominoso yugo que registra nuestra historia”.

Decía que dar muerte al tirano era la más bella de las acciones que se podía realizar; y apoyó su criterio en una cita de Tomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, principal autor de su declaración de Independencia, en 1776, que afirmaba que “el árbol de la libertad se riega con la sangre de los tiranos”.

El jurista criollo le agregó que «hasta los hijos deben sacrificar la piedad filial a la conveniencia de la patria», luego de entender que dar muerte a un dictador se justifica en el derecho moderno como un estado de necesidad pública eximente de toda responsabilidad social.

Sánchez Cabral explicó que “el tiranicidio no sólo fue siempre justificado en todos los pueblos y en todas las edades”, sino que, igualmente, desde la antigüedad se le consideró como el más grande de los deberes por ser un acto heroico y glorioso que hacía merecedores de honores divinos a las personas que lo ejecutaban.