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Hugo, Jochi y otros 5 imputados están acusados de sabotaje y corrupción

Hugo, Jochi y otros 5 imputados están acusados de sabotaje y corrupción

La coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz. / Archivo

Santo Domingo.-Por  desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios,  contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo  de identidad fueron acusados el  exdirector  del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa  Aurix.

Además fueron sometidos a la Justicia  los imputados en la Operación Camaleón   Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité  de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de  tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico  del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del  INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. 

El proceso fue instrumentado por la  Procuraduría Especializada de Persecución  Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), que  solicitó la declaratoria de complejidad  del proceso y la operación fue  denominada  «Operación  Camaleón.

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Se informó que durante la  Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito  Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo  participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales  y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado. 

En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones  del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la Operación  Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado. 

La solicitud de medida de coerción cuenta con los elementos suficientes para que el  tribunal acoja el pedimento del Ministerio Público en cuanto a la medida de coerción a  imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos