En una dilatada y extendida violación a la ley, consumidores y usuarios son obligados por suplidores e intermediarios a pagar en dólares la adquisición de bienes o servicios, lo que ha creado un comercio paralelo que sólo reconoce la divisa estadounidense en sus operaciones.

Hasta donde se tenía entendido, la moneda oficial de circulación nacional es el peso, cuyo valor con relación a divisas extranjeras es competencia de un mercado libre, aunque bajo control relativo de las autoridades monetarias.

Precios de artículos y servicios básicos, como inmuebles, vehículos, tejidos, primas de seguros, alquiler de viviendas, cabañas turísticas o locales comerciales, son requeridos en dólares, como si el peso no tuviera ningún valor o capacidad de circulación.

Hay quienes justifican ese proceder bajo el argumento de que el consumidor o adquiriente puede obtener los dólares requeridos en el mercado de divisas o pagar el equivalente en moneda nacional, pero resulta que la ley otorga al peso fuerza liberatoria total, sin ningún subterfugio cambiario.

Esa economía paralela se constituye también en fuente de perjuicio para la ciudadanía que con frecuencia resulta estafada por quienes inflan los precios en dólares o calculan el valor de la moneda extranjera a tasas muy por encima de las prevalecientes en el mercado.

Vale recordar que el artículo 229 de la Constitución de la República señala que la unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano y el siguiente expresa que sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos y las monedas acuñadas por el Banco Central.

Hasta donde se tiene conocimiento la economía dominicana no ha sido dolarizada, aunque por el volumen de transacciones que se realizan con esa moneda, hay sospecha de que se marcha a toda prisa en esa dirección.

Autoridad monetaria e Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) están en el deber de proteger al usuario y adquiriente de los perjuicios que ocasiona esta economía paralela, antes de que como resultado de tal ilegalidad, el peso valga menos que las papeletas de Lilís.