El Gobierno confirma la denuncia formulada por la Coalición para la Defensa de las Áreas protegidas de que “una firma inmobiliaria internacional” pretende estafar al Estado dominicano al reclamar la propiedad del 70 % del Parque Nacional Sierra de Baoruco que abarca las provincias de Pedernales e Independencia.

Aunque parezca increíble, un ente corporativo innominado ha emprendido en tribunales de la República la aventura de pretender apropiarse de más de 700 de 1,100 kilómetros cuadrados que conforman ese patrimonio público, lo que podría ocurrir ante cualquier descuido de las autoridades.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dicho que antes de la denuncia presentada por un grupo de instituciones, incluidas la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias, había emprendió acciones legales contra lo que define como una mafia que ha demandado al Estado por cien mil millones de pesos.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) pronunció una sentencia mediante la cual acogió una tasación o justiprecio en favor de los demandantes por el monto de RD$676 millones, que recurrieron en la intención de que se aumente a RD$4,238,713,906.48.

No se sabe si tarde o temprano, el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido en casación esa y otras sentencias, lo que indica que es elevado el riesgo de que con el Parque Nacional Sierra de Baoruco se repita la historia de las tierras de Bahía de las Águilas, adjudicadas irregularmente a particulares.

El Estado dominicano ha manifestado indefensión frente a tratativas jurídicas incoadas para saquear patrimonios nacionales o aprovecharse de descuidos procesales, como ocurrió con la sentencia de un tribunal de arbitraje que lo condenó al pago de más de US$43 millones por la terminación unilateral del contrato de operación del vertedero Duquesa.

De lo que se habla ahora no es de un vertedero de desechos sólidos, sino del parque Sierra de Baoruco, valioso patrimonio que representa una zona de biodiversidad y de protección a fuentes de agua para presentes y futuras generaciones,que intentan saquear con subterfugios jurídicos asqueantes.

Gobierno y Ministerio Publico están compelidos a impedir a toda costa que más de 700 kilómetros de áreas protegidas sean esquilmadas o que piratas de estos tiempos pretendan estafar al Estado mediante sentencias mostrencas con miles de millones de pesos. Hasta ahí no se debe llegar.