La Policía incautó el lunes medicamentos falsificados valorados en más de 20 millones de pesos en una vivienda de Santo Domingo Este, donde las autoridades sospechan funcionaba un laboratorio ilegal.

Al saber de tan escandaloso suceso, el ministro de Salud Pública, doctor Bautista Rojas Gómez, admite que hay un grupo de bandidos que trafica con fármacos falsos, pero lamentó que la justicia no aplique condenas drásticas a tales delincuentes.

Si en una casa particular se elaboran o almacenan medicamentos adulterados con valor millonario, hay que presumir la magnitud de esa actividad criminal que suple mercados diseminados por todo el territorio nacional.

Ante la admisión del ministro de Salud de que operan mafias organizadas que fabrican y venden medicamentos falsos, sin ser sancionados por los tribunales, a la ciudadanía no le queda más remedio que cruzar los dedos para que al usar un fármaco que resulte ilegal, no se agrave el mal que intentan conjurar.

En cualquier lugar de la geografía se elaboran fármacos falsificados que se expenden como si fueran marcas reconocidas para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, respiratorias, de vías digestivas, antibióticos y analgésicos, que en vez de sanar o aliviar el quebranto, agravan la situación de salud del paciente.

En barrios de Santo Domingo y municipios del interior se han formado grandes plazas de expendios de medicamentos falsos, sin que las autoridades envíen a los tribunales a sus operadores, aunque tampoco los jueces emiten condenas cuando algunos de esos delincuentes son traducidos a la justicia.

La de fármacos ilegales representa una industria criminal que reporta centenares de millones de pesos al año, que ha prosperado al amparo de la complicidad e impunidad y que coloca en un hilo la vida del ciudadano que consume esos venenos.