A propósito del llamado a desarme de la población (1-3)

Como funcionario de policía fui un hombre de armas y uniformes por 27 años. A pesar de ello, no creo en las armas ni en el uso de su fuerza, a excepción de una necesidad inminente. Sin embargo, si nos enfocamos en el contexto general de la población considero un error y no oportuno el llamar al desarme a la población por parte del Procurador General de la República, que cabe señalar no es la primera vez que se plantea el tema, incluyendo a otros funcionarios.

Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos que constantemente escuchemos diferentes anuncios a través de diferentes medios, por parte de las autoridades, para tal o cual acción que está contenida en sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente recordaran cuál es.

Definitivamente nuestras autoridades son muy caras, ineficientes, pues es evidente que no cumplen y están invertidos los roles del Estado, con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y la aplicación de la ley con autoridad, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.

Las necesidades básicas, son derechos fundamentales consagrados por Constitución, Ley y Acuerdos Internacionales; y de los cuales la seguridad es uno, y el más demandado por la población; siendo el control de las armas legales e ilegales parte de esta responsabilidad del Estado.

Luego de destacado que la seguridad es un derecho humano, si los gobiernos y las demás autoridades no lo hacen, son incapaces o mejor dicho irresponsables, cada quien tiene el derecho de protegerse por sus propios medios.

Parecería que dichas autoridades estimulan la ilegalidad y descontrol de las armas de fuego y blancas, al permitir tantas contradicciones e ineficacias por parte de sus funcionarios y que para colmo viven distrayendo con propagandas y simulaciones.

¿Y es que serán socios o ejecutan las tareas como negocio protegido del tráfico ilegal de armas y otros.

¿Por qué se prohibió la importación de armas en 2006 y sigue vigente, Decreto 309-06?

¿Por qué el Gobierno dificulta, incrementa los precios y los impuestos para el porte y tenencia de armas de fuego legalmente?

Les invito a la reflexión, haciendo el ejercicio de cada quien dar sus respuestas.

Por mi parte las consideraciones al respecto, concluimos que: Es evidente que la prohibición de importación de armas favorece el tráfico y trasiego de armas ilegales, estimulando la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad en general. Al mismo tiempo perjudica los comerciantes legitimados, al fisco y sobre todo aumenta la inseguridad para la población honesta y trabajadora, que está cada vez más amenazada, dificultando protegerse por sus propios medios legalmente.

“La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; sólo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida y a la humanidad de todos (inclusive la de nuestros enemigos) no salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?” Keysi Montás