Haití vive crisis de estado permanente que para analistas de relaciones exteriores indica que se trata de un estado fallido, es decir, que a la luz del derecho internacional está en una situación de ingobernabilidad, con una indefinición del componente político que es gobierno legítimo y reconocido.

Es un estado con dos de sus elementos constitutivos bien definidos. Tiene una población con características propias, únicas y tal vez irrepetibles a lo largo de la historia, de gran tradición y lucha por libertades, basta con saber que logró la primera independencia en América después de Estados Unidos.

Esa población está asentada en un territorio propio, bien definido, soberano, en riesgo ecológico, devastado, con una foresta en crisis, explotado históricamente por las potencias europeas y diezmado por el mismo pueblo con la vocación destructora a la que le impulsa la supervivencia cotidiana.

El tercer elemento es el gobierno, donde está la génesis de los males y la necesidad de una autoridad, fuerza, poder y elemento político formado por órganos y entidades que ejerzan esas potestades sobre la población y el territorio, además de tener reconocimiento internacional y estar legitimado.

En la práctica en Haití no hay gobierno, falta una autoridad reconocida, respetada y ejercida bajo un parámetro de legalidad, por eso el dominio lo tienen las bandas, fue asesinado el presidente, no está definida la figura del jefe del estado y ejerce un primer ministro cuestionado, debilitado y frágil.

En ese territorio gobernado por bandas, la inseguridad crece en un cuadro que desde la perspectiva local plantea la necesidad de seguir abogando por la cooperación internacional para resolver la crisis haitiana, no cargar el dado a República Dominicana y estar en permanente alerta fronteriza.