El derecho al honor, al respeto y al buen nombre parece poco importar cuando a alguien del Ministerio Público se le ocurre iniciar una investigación contra un sospechoso de la comisión de un delito, proceso que, a mi empírico entender, debe estar cubierto por el sagrado manto del secreto, sobre todo por aquello de la presunción de inocencia y por si acaso en el camino interviene una sentencia de absolución a favor del imputado.

La difusión de la acusación y arresto de los imputados es algo que se realiza de manera alegre, sin tomar en cuenta familias, derecho a la preservación del buen nombre y a la presunción de inocencia, conquistas que no son reivindicadas cuando a favor del ajusticiado se produce una sentencia de descargo.

Se trata de un hecho que coloca a los imputados en una situación muy delicada, en donde al final solo queda el descrédito, aún salgan gananciosos del proceso.

Me pregunto, por ejemplo por solo citar algunos casos, ¿quién recoge el lodo arrojado sobre el ex presidente del PRM, Andrés Bautista; contra el ex senador Tommy Alberto Galán, César Sánchez y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ex imputados en el caso Odebrecht?.

¿Quién recompensa el tiempo que duraron en prisión y el descrédito de sus nombres? La respuesta es sencilla: Nadie. En el caso de César Sánchez, el daño que se le hizo fue terrible. Me cuentan que convulsionaba casi a diario en su celda y que no murió porque sus compañeros se turnaban para cuidarlo mientras dormía en la noche. Al final, ni siquiera fue sometido a la justicia y en el caso de los demás citados fueron descargados mediante una sentencia que ni siquiera fue apelada por el Ministerio Público, lo que demuestra la poca sustentación de la acusación.

Lo cierto de todo es que hoy estas personas se encuentran en sus hogares descargados, pero pagando el precio del descrédito, sin que nadie les haga caso. Lo cierto de todo es que en este país nadie paga por los platos rotos.