Insólita historia

Lo ocurrido  ayer en San Francisco de Macorís, donde un  contingente de policías asaltó la cárcel preventiva del Palacio de Justicia para rescatar  a un compañero  al que un juez había impuesto medida de coerción  de tres meses por el asesinato de un joven, es una insólita historia para ser contada porque pone al desnudo una angustiante realidad  que  agobia a la sociedad dominicana.
Los agentes, pertenecientes a varios departamentos del comando Nordeste de la institución, ingresaron por la fuerza en el recinto judicial  y se llevaron consigo al raso Marino Alfonso Torres,  implicado en la muerte del joven Puro Emmanuel Díaz López, abatido a balazos en el sector Santa Ana de ese municipio.
No conforme con  esa acción de comando contra  la justicia y el Ministerio Publico, el grupo de policías marchó por varias calles  en protesta por  la sentencia del  juez de Atención Permanente contra el prevenido, lo que indica que se trató de una  sublevación que pudo degenerar en una desgracia mayor.
Se trata de una acción de fuerza sin precedente perpetrada por medio centenar de agentes policiales que  literalmente  tomaron el control por  vía de la violencia  del Palacio de Justicia para  liberar a su compañero al que  llevaron al cuartel general de la institución en la provincia Duarte, donde  sacaron por la fuerza a los periodistas.
Tan descabellada acción, perpetrada por personal que se supone actúa como auxiliar de la justicia a cargo de la preservación del orden público, sorprende e indigna a una sociedad que parece debatirse entre  el temor y la  frustración, que por demás creía superados episodios tan bochornosos y atentatorios al Estado de derecho.
Llama la atención que la primera reacción del  jefe del comando regional Nordeste de la Policía, general Miguel de la Cruz Reyna, fue declarar desconocimiento de la sublevación de sus subordinados que  tomaron por asalto la sede del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís para  sustraer a un  agentes a quien  recluyeron en la misma sede central de la institución.
La jefatura de la Policía ha designado una comisión de generales para investigar  el escandaloso episodio, cuyos integrantes  tienen la obligación de identificar y someter a  los agentes que perpetraron la acción y a sus mandantes y  recomendar su sometimiento a la justicia ordinaria.
La acción   perpetrada por  decenas de policías, de irrumpir por la fuerza en un recinto judicial para rescatar a un  compañero acusado de asesinato e impedir el cumplimiento de una sentencia  en su contra, constituye un hecho gravísimo, sin precedente y una señal inequívoca de que en  términos de desorden e irrespeto a la ley, la sociedad ha tocado fondo.