El inspector del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, se trasladó hoy a Montecristi a investigar al fiscal que retiró cargos contra una exfiscalizadora y cuatro agentes antinarcóticos procesados por poner drogas en una peluquería de Villa Vásquez.

Desde tempranas horas el investigador del MP se trasladó a esa demarcación para realizar un levantamiento que permita establecer si hubo una actuación indebida del procurador general de Corte de Montecristi, Antonio de Jesús Báez Tapia, quien representó al órgano acusador ante el Tribunal Colegiado de Montecristi, presidido por Mercedes María Reyes Jerez e integrado además por Jackeline de Jesús Toribio y Wendy Carolina Taveras Puello.

El procurador de corte y las juezas conocían el proceso contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña, el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, todos de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), al igual que el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

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El Ministerio Público acusaba a los cuatro procesados de colocar sustancias narcóticas durante un allanamiento en una barbería de Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un vídeo conocido por toda la población.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó ayer al Inspector del Ministerio Público para que investigue la actuación del fiscal que retiró cargos en una audiencia celebrada en Montecristi contra una exfiscalizadora y cuatro agentes antinarcóticos procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez.

“Desde que tuvimos conocimiento de lo sucedido en la audiencia, instruimos al inspector Juan Medina de los Santos para que levante las informaciones que puedan llevar a establecer si hubo una actuación indebida que lleve a los órganos superiores del Ministerio Público a tomar los correctivos de lugar”, indicó Germán Brito en un comunicado.

“La sociedad puede tener la confianza de que desde nuestra gestión jamás permitiremos una actuación inadecuada de algún miembro del Ministerio Público, ni por negligencia ni por ninguna otra razón”, dijo la magistrada Germán Brito.

Añadió la magistrada que: “tenemos la obligación de proceder con objetividad en todos los casos, sin importar quién sea la parte procesada”, puntualizó.