La Inspectoría General del Poder Judicial informó hoy que investiga la denuncia hecha por un empresario de Jarabacoa sobre una supuesta red mafiosa que opera en La Vega, y que, según afirma, lo quiere despojar de 41 propiedades, por lo que pidió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.

A través de la dirección de comunicaciones esa dependencia del Poder Judicial dijo que está en proceso la investigación de la denuncia del empresario inmobiliario Eduardo Lorenzo Collado Báez, quien dijo que la alegada red la integran registradores de títulos, alguaciles, abogados, notarios, jueces y fiscales que supuestamente han actuado en componenda para despojarlo de sus propiedades con actos falsos.

La entidad, que no ofreció más detalles, dijo que informará de forma oportuna a la opinión pública los resultados de la investigación que realiza.

En tanto que en la Jurisdicción Inmobiliaria de La Vega se abstuvieron esta mañana de ofrecer declaraciones a la prensa, sobre la afirmación hecha ayer por el empresario Eduardo Lorenzo Collado Báez, quien denunció que una mafia opera a lo interno de esa institución.

Así lo informaron desde la secretaría del juez titular de la sala uno de esa dependencia, recomendando que el asunto sea investigado en las oficinas centrales, ubicadas en Santo Domingo.

El empresario Collado Báez aseguró que, a través de dicha mafia, se pretende despojarlo de 41 propiedades que posee en Jarabacoa para un proyecto turístico.

Dijo que entre los supuestos integrantes del grupo hay empleados del Poder Judicial, entre ellos registradores de títulos, alguaciles, notarios, abogados, jueces y fiscales, así como agentes de la Policía Nacional.
Denuncia

Collado Báez se quejó de que su proceso lleva seis años sin resolverse y sus propiedades siguen obstruida sin poder emprender sus proyectos.

En la rueda de prensa esta mañana en la Suprema Corte de Justicia, Collado Báez sostuvo que aunque en el país hay buenas leyes, las mismas no se cumplen, porque los primeros que la violan son los funcionarios, quienes están llamados a dar el ejemplo de transparencia y respecto a las normativas legales. “La mayoría de esos funcionarios se creen dioses”.
Saludó la decisión del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina, de trasformar el sector judicial y de trabajar por que los jueces actúan con transparencia e independencia.

Pidió al presidente de la alta corte tomar carta en el asunto, ya que según él hay un plan para despojarlo de sus propiedades.
“Yo tengo todo mis documentos que sustentan la denuncia de la composición de la red mafiosa que ha intentado despojarme de mis propiedades”.

Explicó que su proceso empezó, cuando un señor le notificó un pagaré notarial de una inexistente deuda de 476 mil dólares y que a partir de ahí inició su viacrucis, que a la fecha no ha sido resuelto por los tribunales.

Dijo, además, que a sus propiedades les fueron inscritas hipotecas inmobiliarias con un expediente que nunca fue recibido, sin cumplir con los requerimientos de las leyes inmobiliarias (Código Civil, Ley de Notario y la Constitución de la República).

Precisó que la Registradora de Títulos en La Vega en ese momento, en franca violación al Reglamento General de Registro de Títulos, y a la Ley de Registro Inmobiliario consintió un expediente que debió ser denunciado a sus superiores por estar completamente viciado.