El Instituto Duartiano cuestionó hoy la decisión del Gobierno de conceder la nacionalidad dominicana a 50 haitianos y advirtió que el presidente Luis Abinader debe asumir con más prudencia ese tema, sin ceder a la presiones de organismos internacionales que procuran resolver la grave crisis económica y social de Haití sin contar con el concurso de la comunidad internacional.

El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, dijo que la concesión de la nacionalidad dominicana a descendientes de haitianos sigue siendo la vía más fácil que han encontrado los gobernantes dominicanos para ceder a las presiones sobre ese tema, dentro y fuera del país.

“Nuestras autoridades de los últimos dos decenios se han dejado extorsionar por esos grupos nacionales y extranjeros, patrocinados por grandes potencias y sus organismos, quienes tienen una activa agenda que desarrollan contra el interés del pueblo dominicano”, aseguró.

Falsa creencia
Gómez Ramírez no mencionó esas potencias y organismos internacionales, pero éstos “han logrado hacer creer que la sentencia número 168/13 del año 2013, dictada por el Tribunal Constitucional, despojó de la nacionalidad a descendientes de haitianos, cuando en verdad lo que hizo la decisión fue establecer con claridad el régimen de estas personas y les reconoció derechos que no habían sido reconocidos”, significó.

Indicó que esa decisión del Tribunal Constitucional se produjo en respuesta a la falsificación documental, el uso de esos documentos en instancias públicas, el ataque abierto al registro civil dominicano y el desorden que imperó en oficinas públicas durante años.

Señaló que esas acciones permitieron la subversión y la incorporación de datos sin ninguna sustentación jurídica al Registro Civil del país.

Gómez Ramírez deploró que gobiernos y organismos internacionales hayan pretendido sacarles provecho a esas debilidades institucionales del país.

“Insistimos que la decisión judicial de carácter constitucional de 2013, se basó en el más elevado sentido de justicia, en los principios cardinales del derecho y en el propósito de contribuir con una solución que beneficiara a esos extranjeros, sin que se comprometiera el alto interés de la nación dominicana”, precisó.

Ser cuidadosos

Asimismo, consideró que el gobierno del presidente Luis Abinader “tiene que asumir con la mayor prudencia este tema de los descendientes de haitianos, bajo el claro concepto de que es una burda mentira el despojo de nacionalidad”.
Afirmó que “todo proceso orientado a otorgar la nacionalidad a descendientes de haitianos tiene que ser tan riguroso como los procesos que tienen que cumplir los demás extranjeros que están establecidos en la República Dominicana. No se puede seguir con esa tradicional línea de privilegio, inclusive, con respecto a los propios dominicanos”.