Si se supiera a ciencia cierta la realidad de la deuda lo más probable es que no cundiera mayor inquietud. Pero tanto por la falta de información detallada como por las contradicciones que se han filtrado a nivel del propio Gobierno, la población no sabe a qué atenerse con relación a los empréstitos.

El Gobierno se ha conformado con defender los resultados de su política económica, pero sin abundar en detalles. En un panel celebrado el jueves sobre la rendición de cuentas las autoridades ponderaron la estabilidad, el control de la inflación, el crecimiento y la creación de empleos.

Sin embargo, hay economistas que sostienen que algunos de esos logros, como la estabilidad cambiaria, han sido resultado de un fuerte endeudamiento, que se alega ya es cuestionado incluso por organismos internacionales. Además, por supuesto, de la oposición.

Pero a todo eso tampoco se ha cuantificado con exactitud el monto real de la deuda pública. Mientras el Gobierno la ubica en un 29 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), economistas no propiamente de la oposición la colocan por encima de un 40, tomando en cuenta los compromisos del Banco Central.

Con múltiples cabos sueltos sobre los resultados la confusión es obvia. Pero el Gobierno, antes que decantarse por la transparencia a través de detalles específicos y precisos, ha optado por un enfoque político, como suponen las generalizaciones y comparaciones.

El cuadro pintado, no por Arturo Martínez Moya, Miguel Ceara Hatton y Apolinar Veloz, sino por profesionales más independientes desde el punto de vista político, es suficiente para sentir algún tipo de aprensión. Por ejemplo, el economista Bernardo Fuentes acaba de advertir que el endeudamiento es un factor de riesgo que no se puede desdeñar.

Fuentes es de los que opinan que el Gobierno se ha endeudado para gastos, como el subsidio al sector eléctrico, que según dijo ronda los 900 millones de dólares al año. Pero también ha advertido sobre las consecuencias del congelamiento de los precios de los combustibles, como alternativa política, en un momento en que el petróleo está en alza.

El panorama pinta tan tétrico que ministros como los de Economía y Hacienda concuerdan en que las próximas autoridades tendrán que abocarse a una nueva reforma fiscal, que si ahora no se emprende es única y exclusivamente para no cargar con el costo de la factura electoral que supone. Y todo porque el Gobierno se ha inclinado más por la deuda, sin reducir el gasto, para mantener la estabilidad.