El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió prolongar hasta el 3 de febrero el plazo para que el Ministerio Público concluya la presentación de pruebas contra los imputados en la presunta red de corrupción bautizada como Coral y Coral 5 G, que habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
De no ser por lo incidentado del proceso y las conjeturas sobre exclusiones, el plazo no plantearía inquietud alguna. Según la Pepca, los imputados integraban una red que operaba desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados están el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como el coronel Rafael Núñez de Aza.
También el capitán de navío Franklin Mata Flores, el cabo policial Tanner Flete Guzmán y los civiles Rossy Guzmán Sánchez, Manuel Rosario Pirón, Epifanio Peña, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo y Esmeralda Ortega Polanco.
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El día más de plazo al Ministerio Público ha generado sus interrogantes.

