Que sea declarada compleja y los 18 meses de prisión para los imputados en la denominada Operación Colibrí, no le restan magnitud a la investigación sobre la falsificación de documentos.

No solo se trata de una de las prácticas más lesivas para el derecho de propiedad, sino que más daño ha ocasionado dentro y fuera a la imagen del país.

Los integrantes de la supuesta banda son acusados de falsificar actas de nacimiento, matrimonio, cédulas de identidad, títulos de propiedad y universitarios, licencias de armas y de conducir y otros documentos públicos.

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La estructura no solo estaría diseminada en distintas entidades, sino que disponía los equipos y conexiones para realizar sus operaciones.

Con su habitual estilo de magnificar sus acciones, el Ministerio Público resaltó que para identificar y capturar a presuntos sospechosos se necesitaron 18 allanamientos, la intervención de 20 fiscales y más de 200 agentes policiales.

Aún así se solicitó prisión a los detenidos y que el caso se declare complejo. Si la estructura ha sido desmantelada, las autoridades, aunque tendrán que demostrar las operaciones en los tribunales, se han anotado un valioso tanto.