Un juez especial de la Suprema Corte de Justicia conocía esta mañana una audiencia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, quien fue sometido por Colegio de Abogados de la República Dominicana, por el archivo definitivo de la demanda de reapertura de las audiencias presenciales.
La audiencia, presidida por el juez Justiniano Montero, de la primera Sala de la SCJ, inició a las 9:00 de la mañana a puertas cerradas en la Sala Augusta de la Suprema Corte, con la presencia de las partes, incluyendo a Molina, a quien se le atribuye violentar principios fundamentales y de obstruir logros y conquistas que habían logrado los jueces.
Hasta el cierre de esta emisión la audiencia continuaba a puerta cerrada, por decisión del juez Justiniano Montero, juez especial que la preside.
Como abogado del Poder Judicial actuó el director de la Oficina de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
En octubre pasado, el presidente del CARD depositó en la Procuraduría General de la República una querella penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, acusado de usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal.
La querella fue interpuesta por el presidente del gremio Miguel Surun Hernández, en compañía de una comisión de juristas.
Surun Hernández denunció que Molina en su condición de Presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento Dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, manteniendo la justicia en virtual cierre, privando a todos los dominicanos de acceso a la Justicia, derecho contemplado en la Constitución de la República.
Agregó que el presidente de dicho Consejo también ha cometido abuso de poder, cambiando todo el sistema de justicia mediante la modificación de la estructura de administración de justicia consagradas por Ley, degradando jueces, eliminando jerarquía judicial, eliminando las jurisdicciones especializadas, en franca violación a la Ley de Carrera Judicial, vulnerando la independencia de los jueces, destruyendo su soberanía, obligándoles a no acudir a los tribunales a administrar justicia, prohibiéndoles tocar los expedientes.
El gremio planteó en su querella que Molina también está “destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de organización judicial, tornando la justicia infuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social”.
El presidente del CARD declaró que se trata de un complot para destruir la Justicia imposibilitando el régimen de consecuencias, lo que consideró como grave, ya que una Justicia que desacata sus propias decisiones pierde toda calidad ante la sociedad.
