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Jueza rechaza pedido inadmisibilidad, ordena seguir coerción

Jueza rechaza pedido inadmisibilidad, ordena seguir coerción

SANTO DOMINGO.- La jueza Kenya Ramero rechazó esta mañana la declaratoria de inadmisibilidad solicitada por los abogados de la defensa contra las cinco querellas presentadas por los propietarios de terrenos apropiados por el Estado en el caso Calamar.

La magistrada, además, ordenó que el Ministerio Público continuar con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Calamar que se conoce en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Uno de los querellantes retiró la misma, por lo que solo quedan cuatro querellas de propietarios de terrenos.

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El incidente de solicitud de inadmisibilidad fue presentado por el abogado Manuel Rodríguez, quien entendía que el tribunal no debía aceptar que se adhieran al expediente, los nuevos sometimientos de propietarios de terrenos que fueron apropiados por el Estado y que se sienten afectados.

La audiencia se lleva a cabo en  medio de extremadas medidas de seguridad que se extienden a dos calles a los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Por razones de espacio, la audiencia se lleva a cabo en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público es representado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el director de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción, Wilson Camacho.

La audiencia iba a ser conocida el pasado domingo, pero fue reenviada para hoy, para que los abogados de los imputados tomaran conocimiento de cinco querellas interpuestas por personas que se sienten afectadas.

El grupo, encabezado por Gonzalo Castillo, ex candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), está acusado de sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado dominicano.

Figuran, además, como imputados el excontralor Daniel Omar Caamaño; el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirilo; el exdirector del Catastro Nacional Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro; Angel Lockward, Oscar Chalas, Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasio, Ramón David Hernández, Víctor Marías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación. También, los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

Al grupo, el Ministerio Público le atribuye ser parte de una estructura de corrupción que estafó al Estado con RD$19,000 millones, mediante operaciones fraudulentas desde las instituciones que dirigían en los dos períodos de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presididos por el licenciado Danilo Medina.

Los imputados del caso Calamar cuando son trasladados al tribunal donde la jueza le conoce medida de coerción. Abogados habían pedido la declaratoria de inadmisibilidad, solicitud que fue rechazada por el tribunal. Foto Guillermo Burgos
Los imputados del caso Calamar cuando son trasladados al tribunal donde la jueza le conoce medida de coerción. Abogados habían pedido la declaratoria de inadmisibilidad, solicitud que fue rechazada por el tribunal. Foto Guillermo Burgos

Según la imputación del Ministerio Público, el grupo sobornó, extorsionó a contratistas del Estado y a dueños de bancas de apuestas y juegos de azar e hizo expropiaciones de terrenos a través del CEA y del IAD para obtener recursos millonarios para la campaña del PLD.

De Guerrero, exministro de Hacienda, el expediente dice que utilizó como complemento esa estructura gubernamental “para hacer procesos ilegales de deuda pública y con ello distraer miles de millones de pesos para beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos ilícitos durante los períodos 2019-2020, con la finalidad de financiar la campaña del PLD cuyo candidato presidencial era Gonzalo Castillo. 

De Castillo, dice que de la partida proveniente de los procesos fraudulentos de expropiaciones, el excandidato presidencial recibió aproximadamente RD$·3,957 millones en efectivo, los cuales no fueron declarados ante la Junta Central Electoral (JCE) porque no se podía justificar su procedencia ya que supuestamente provenían de lavado de activos.

De Peralta, exadministrativo de la Presidencia, dice que “participó activamente en to das las acciones dolosas” del grupo.