El jurista Carlos Salcedo advirtió que el nuevo Código Penal que se pretende aprobar en el Congreso, lejos de representar un consenso nacional fruto del diálogo plural, encierra omisiones deliberadas y sesgos ideológicos que comprometen su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal.
Precisó que la aprobación en el Senado del citado proyecto de ley constituye un hito jurídico en un país que ha operado durante más de un siglo con una normativa decimonónica claramente desfasada frente a las transformaciones sociales y las nuevas modalidades delictivas.
Carlos Salcedo: El nuevo Código Penal pone en riesgo derechos fundamentales
Sin embargo, reiteró que: “lejos de representar un consenso nacional fruto del diálogo plural, encierra omisiones deliberadas y sesgos ideológicos que comprometen su legitimidad constitucional y su eficacia como política criminal.
Recordó que siempre ha sostenido que “el país necesita un Código Penal moderno, pero no uno que excluya deliberadamente los derechos de sectores vulnerables o reproduzca estructuras de impunidad institucional.
Manifestó que en términos sustantivos, el proyecto presenta avances relevantes, puesto que se tipifican figuras delictivas inexistentes en la legislación penal vigente, como el feminicidio, el sicariato, los crímenes de odio, el acoso laboral y el acoso sexual, así como la corrupción administrativa agravada.
La exclusión del aborto refleja un conservadurismo perjudicial y contradice la dignidad y derechos de las mujeres
“Estas disposiciones responden a reclamos sociales sostenidos y colocan al país en una senda de adecuación normativa respecto al contexto regional y global. También se introducen novedades en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque aún de forma limitada y sin una arquitectura institucional suficientemente robusta”, dijo.
Manifestó que, no obstante, la exclusión expresa de la despenalización del aborto en las tres causales -riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación o incesto- constituye, como ha reiterado, “una claudicación frente al conservadurismo dogmático que lesiona derechos fundamentales de las mujeres y compromete la coherencia constitucional del ordenamiento jurídico”.
“Esta exclusión contradice principios consagrados como la dignidad humana, la igualdad y el derecho a la salud, y coloca a la República Dominicana en desacato frente a sus compromisos internacionales”, declaró Salcedo.
“Desde una perspectiva de política criminal, ha advertido sobre la peligrosa continuidad de un modelo penal predominantemente punitivo, sin una estrategia integral de prevención ni de rehabilitación. El Código sigue viendo la cárcel como único destino del conflicto penal”, dijo.
