Por más que se trate de una obligación, representa un acto de justicia los 719.6 millones de pesos que pagará la Superintendencia de Seguros a 5,548 asegurados y suplidores de una compañía disuelta.

Esos usuarios no podían ser dejados en el aire después que, por las razones que fueren, la firma fue liquidada. La superintendenta Josefa Castillo explicó que los recursos se distribuyen en 593.3 millones por concepto de reclamaciones; 35.8 por reaseguros y los restantes por prima, intermediación y servicios.

El saldo de deudas atrasadas es uno de los muchos retos que Castillo reconoce en un organismo que ha tenido que lidiar con muchos problemas que han empañado su imagen.

Es importante significar que, aunque se ajuste al mandato de la ley, la decisión, además de beneficiar a los asegurados contribuye a generar confianza y mejorar la percepción del importante sector.