POR: José Guzmán

No hay logro que resaltar ni en el año 2013 ni los últimos años en la administración de justicia en la República Dominicana, la sociedad dominicana está muy preocupada por el derrotero del sistema de justicia, no solo por la politización de la mas altas instancias del Poder Judicial y de lo cual existe el criterio cada vez más generalizado de que el sistema de justicia está más politizado hoy que en la era de los gobiernos del ex presidente Joaquín Balaguer, sino porque gradualmente se ha perdido la fe en una sana administración de justicia.

Al poder Judicial no se le puede evaluar en estos momentos solo por la falta de presupuesto no obstante existir una ley que determina los recursos que se le deben asignar desde el año 2004 y que permitiría sin duda una mejor operación y administración del sistema de justicia, su problema actual es estructural o sistémico que es evidente está tocando fondo y de lo cual la principal preocupación es la mella en la credibilidad de nuestro sistema de justicia por parte de los usuarios del sistema y de la misma sociedad.

La ausencia en estos momentos de una justicia pronta y oportuna constituye una vulneración a este principio que por ser un derecho fundamental debe garantizar el Estado, representando un cuestionamiento al Estado de Derechos. Agregándose a ello la dificultad comprobada para procesar o juzgar a los corruptos de gran calado que tienen hundida nuestra sociedad. La justicia dominicana parece no existir para los que roban y se enriquecen a expensas de las funciones publicas que desempeñan y del erario.

No existe en estos momentos una real independencia de los Poderes Públicos en la República Dominicana, siendo una expresión de la baja institucionalidad que padecemos, lo cual atenta contra la independencia del Poder Judicial y a una creíble administración de justicia. Esto se constituye en uno de los principales retos que tenemos hoy día los dominicanos.