El sonado acuerdo entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la reclusa Sobeida Félix Morel no es lo que está en discusión. Lo que se cuestiona es el porqué se ha tenido que esperar casi dos años para que el Ministerio Público supuestamente iniciara las investigaciones sobre la confesión de la presidiaria para que le redujeran la condena por el cargo de lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Es la explicación que no ha dado la fiscal Yeni Berenice Reynoso ni tampoco el procurador general de la República, Francisco Domínguez. La imputada, quien previo al arreglo había sido descalificada y ninguneada por las autoridades no sólo se declaró culpable, sino que detalló las operaciones de las que dijo ser testigo realizadas por su amante, el capo boricua José David Figueroa Agosto. Entre esas operaciones citó donaciones a políticos y sobornos a altos oficiales a cambio de protección.

Todo indica que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó, por las razones que fueren, el testimonio de la señora Félix Morel. Como tarde o temprano todo sale a la superficie, ahora que la imputada ha reclamado el cumplimiento del convenio en lo que concierne a su libertad es cuando ha venido a saberse el contenido. La secuencia del arreglo lo reviste, por demás, de las más variadas conjeturas.

El alegato de Reynoso de que nada sabía sobre el acuerdo suscrito el 28 de marzo de 2011 cuestiona el sistema operativo de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y su afirmación de que varias personas son investigadas sobre las informaciones proporcionadas por Félix Morel constituye una burla a la opinión pública. A menos, por supuesto, que se trate de una pesquisa ultrasecreta o clandestina.

Si Félix Morel dijo o no todo lo que sabía, son otros quinientos. De la misma manera que es harina de otro costal si mintió, como se sospecha, para ayudar al Ministerio Público a sustentar el expediente contra los imputados por las actividades de Figueroa Agosto. Sin entrar en análisis profundos en su confesión saltan a la vista muchos cabos sueltos.

De hecho, no ha dejado de sorprender que a raíz del conflicto para cumplir los términos del convenio correspondiente a su libertad su abogado lanzara una suerte de órdago en el sentido de que la glamorosa presidiaria no ha declarado todo lo que sabe sobre las actividades de Figueroa Agosto.

El procurador Domínguez Brito ha reiterado que el arreglo, que se firmó cuando el juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso, se desempeñaba como fiscal del Distrito Nacional, existe y que es legal. Pero el asunto está en el tiempo que ha transcurrido sin que, como adujo la fiscal Reynoso, se supiera de su existencia. El caso no tendrá mayor trascendencia, a pesar de las sospechas que rodea su secuencia. Lo que se advierte es que si el acuerdo ha sido archivado o no se ha cumplido a cabalidad ha sido por incompetencia o encubrimiento. O por ambos factores.