El Gobierno ha rechazado de manera enérgica la pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de colocar la solución del drama haitiano sobre los hombros de República Dominicana, como queda expresado en un irresponsable comunicado en el que manifiesta preocupación por repatriaciones de indocumentados de ese país, incluidas mujeres embarazadas.
En torno a la repatriación de embarazadas haitianas, la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pretende acusar al Estado dominicano de violar el principio de no deportar a individuos que corren peligro de ser sometidos a torturas, tratos crueles, persecución política u otras violaciones.
La Cancillería afirma que ese postulado no aplica en ese caso ya que no se trata de perseguidos políticos, miembro de una minoría étnica o religiosa ni grupo político en particular, porque Haití lo que padece es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad, de la cual República Dominicana no tiene ninguna responsabilidad.
Como se había advertido, la OEA retoma su rol de pretender que el Estado dominicano cargue con el pesado fardo de la crisis haitiana, sobre la base de promover infamias contra el gentilicio nacional, como lo ha vuelto a repetir esa infame comisión.
La CIDH cita la Resolución1/20 sobre pandemia y derechos humanos, así como los principios interamericanos sobre los derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas y víctimas de trata de personas, los cuales no aplican en el caso de repatriaciones de mujeres embarazadas, lo que revela la burda intención de dañar la imagen del país.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos, un año después aumentaron a 27,984, en el 2020 ascendieron a 30,322 y en el periodo enero-septiembre de 2021 suman 24,376, lo que indica que el sistema hospitalario nacional no resiste una creciente presión derivada del deterioro institucional de Haití.
La avalancha de mujeres haitianas representa una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud que el Estado dominicano tiene derecho y deber de controlar para evitar el colapso de la seguridad social en el renglón de salud sexual y reproductiva, como muy bien advierte el Gobierno.
Lo que ha debido hacer esa comisión es reclamar a la comunidad internacional, que ayude a Haití a superar su gravísima crisis, y no mentir deliberadamente sobre supuestas violaciones de derechos humanos en el proceso de deportación de mujeres embarazadas. Queda claro que nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana.
