El liderazgo político reclama insistentemente que la Junta Central Electoral (JCE) garantice elecciones libres, transparentes y concurridas, pero es poco lo que contribuye para que el organismo comicial cumpla con ese propósito, porque parece mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el suyo.
Muchos partidos y candidatos que exigen a la JCE que obligue a cumplir con leyes y resoluciones que regulan la organización y celebración de los comicios, encabezan la lista de inobservancia o violaciones a esas normativas, algo así como a “Dios rogando y con el mazo dando”.
No se niega el derecho de los actores políticos a reclamar que se respete la regla del juego electoral, especialmente en lo referido a que prevalezca el principio de igualdad entre competidores, pero sería saludable predicar con el ejemplo si de verdad se desea defender o fortalecer la democracia.
La JCE tiene el mandato constitucional de organizar y arbitrar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales con la autoridad jurídica para aplicar las medidas cautelares que estime pertinentes, sin que ninguna colisione con derechos consagrados por la propia Carta Magna y las leyes a partidos y candidatos.
El relevante rol de árbitro de la Junta no debería deteriorarse a causa de acusaciones o denuncias temerarias aunque la propia institución y el Tribunal Superior Electoral, en los casos que les correspondan, están compelidos a acogerlas, determinar si tienen o no méritos probatorios y actuar en consecuencia.
Debe ser motivo de profunda preocupación que aún no haya consenso entre los partidos en torno al método o forma de ejercer el sufragio en las elecciones de febrero y mayo, a pesar de que la JCE ha presentado fórmulas definidas como salomónicas.
El déficit de confianza hacia el árbitro electoral, Gobierno y entre partidos se erige como la principal amenaza contra las elecciones y la democracia, por lo que corresponde a esos entes aportar suficiente voluntad de promover consenso y garantizar transparencia.
Es preciso desalentar toda acción o expresión, provenga de donde provenga, que drene la autoridad jurídica y moral de la JCE y del Tribunal Superior Electoral para organizar y regular las elecciones de 2020, aunque también se resalta la obligación de esas instituciones de actuar con absoluto apego a la ley y a las buenas prácticas.
