El jefe de la Policía se queja porque la mayoría de personas apresadas y sometidas a la justicia por robos y atracos obtienen su libertad con gran rapidez, una denuncia que, de comprobarse, resulta suficiente para que la ciudadanía se lleve las manos a la cabeza.
Concretamente, el mayor general Manuel Castro Castillo expuso que durante el mes de enero fueron arrestados 2,536 presuntos delincuentes, más del 80 por ciento por la comisión de robo agravado, la mayoría de los cuales ya están de nuevo en las calles.
Literalmente, conforme a esa denuncia, la Policía apresa y la Justicia libera a individuos acusados por la comisión de crímenes violentos, lo que obligaría a la población a repetir la interrogante de ¿quién podrá defendernos”?
Tiene razón el general Castro Castillo al afirmar que la garantía de seguridad ciudadana no es tarea única ni exclusiva de la Policía, sino responsabilidad de todos. Obviamente que la Justicia tiene un papel de preeminencia en desalentar y sancionar la comisión de crímenes y delitos.
¿Por qué los tribunales penales liberan a la mayoría de los imputados por robos y atracos? ¿Acaso porque el Ministerio Público y la propia Policía no consolidan un fardo probatorio que permita a los jueces imponer sanciones punitivas?
Corresponde a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General determinar si afloran faltas imputables a jueces o fiscales, porque la verdad es que la mayoría de los apresados por robo o atraco duran menos en una sala de audiencia que cucaracha en gallinero.
No se habla de delitos de simple ratería, que se atribuye a consumidores de drogas que recurren a la delincuencia para sustentar su adicción, sino a integrantes de bandas de antisociales que perpetran atracos y robos durante los cuales llegan a asesinar o causar serias lesiones a sus víctimas.
Con su denuncia, el general Castro Castillo ha puesto la pelota en la cancha de los magistrados Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, y Francisco Domínguez Brito, procurador general, quienes deberían indagar los méritos de su denuncia de que la Policía los apresa y la justicia los suelta.

