Un denominado Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) ha dicho que los datos que sustentan su afirmación de que 420 personas murieron en 2012 en intercambios de disparos con la Policía, reposan en la oficina del viceministro de medicina Forense, doctor Sergio Sarita Valdez, pero el reputado patólogo ha desmentido que posea o haya suministrado tan estrambótica cifra, lo que hace suponer que esa entidad no confirmó las estadísticas o mintió deliberadamente.

En vez de solicitar que la cantidad de muertos en enfrentamientos con la Policía fuera cotejada con el número de fallecidos que ha contabilizado la institución (231), el Conadehu reitera que los decesos fueron 420 y como prueba de su veracidad cita al doctor Sarita Valdez como depositario de ese expediente.

El funcionario no sólo desmiente que haya ofrecido tal informe sino que revela los pormenores de las 2,218 correspondientes a 2012 registradas por su departamento, de las cuales 1,051 son homicidios, 100 suicidios, 225 accidentes y 99 por causas indeterminadas.

Sarita Valdez explicó que el año pasado se produjeron mil 478 casos por muertes violentas, de las cuales 225 fueron por armas de fuego; 185 por armas blancas; 78 por traumas contusos y el resto por asfixia. No se entiende entonces por qué ese mentado Consejo de Derechos Humanos afirma que el dato de 420 muertos en intercambios de disparos reposa en la oficina de ese viceministro.

No conforme con ofrecer una cifra de muertos en intercambios de disparos que supera en 89 fallecimientos a la ofrecida por la Policía, y sin reparar que la fuente que alega le sirvió para sustentar esa contabilidad ha rechazado poseer tales estadísticas, el director de Conadehu, Nelson Gutiérrez, considera que si chequeamos de nuevo, la cantidad de fallecido puede ser mayor.

Son muchas las asociaciones o consejos de derechos humanos que han surgido en los últimos años en República Dominicana, lo que se interpretaría como una tendencia positiva, si al menos alguien explicara cómo, cuándo, dónde y amparada en cuáles requisitos legales han sido fundadas esas entidades, así como las calidades cívicas y jurídicas de sus directivos.

No hay derecho a que se afirme que 420 personas murieron en 2012 en enfrentamientos con agentes policiales y decir que la información ha sido recabada en una fuente oficial cuyo responsable desmiente categóricamente haberla suministrado o tenerla en sus archivos. Es obvio que se incurrió en grave desatino o inaceptable mentira o manipulación.

Mentir por desidia o deliberadamente constituye una flagrante violación a los derechos humanos, porque daña o perjudica a una colectividad a la que le asiste la prerrogativa constitucional de recibir información veraz, exenta de contaminación o de burda manipulación. Para comer pescado….