En la penitenciaría de La Victoria operaba un centro de retransmisión de internet, que comercializaba el servicio, que fue desmantelado durante el operativo protagonizado por militares a solicitud de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.

En la requisa se incautaron 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD y otros equipos que eran utilizados de manera ilegal.

Los hallazgos son para profundizar las investigaciones sobre la permisividad que permite a los reclusos conseguir armas blancas y de fuego para imponer su autoridad o su propia seguridad personal.

El suceso durante el cual tres reclusos murieron baleados y acuchillados en una riña aceleró el operativo en el que solo participaron militares y agentes de la DNCD.

Los equipos y armas incautados en las celdas no cayeron del cielo, sino que fueron introducidos con la complicidad de los agentes del propio penal.

En septiembre de 2020 la Procuraduría patrocinó un amplio operativo con el propósito de recuperar armas, equipos ilegales, separar a los privados de libertad y mejorar las condiciones, pero al poco tiempo ya se denunciaban problemas.

El sistema penitenciario, a pesar de la mucha alharaca, no ha dado pie con bola para restaurar la seguridad y eliminar la corrupción en los recintos.

Bien que se requise cada una de las celdas, pero sin olvidar establecer responsabilidades sobre la procedencia de las armas en manos de los presos.