José Antonio Aybar
La ocupación estadounidense de la República Dominicana en 1916 y la invasión de Venezuela en 2026 comparten una lógica estructural que trasciende contextos y excusas.
En 1916, Estados Unidos desembarcó en Santo Domingo bajo el argumento del desorden fiscal y la amenaza europea. El resultado concreto fue la toma de las Aduanas dominicanas, corazón recaudador del Estado.
Esto equivalía a controlar el país, la deuda, el gasto público y, en última instancia, la soberanía.
Es decir que la ocupación no fue solo militar, sino administrativa y financiera. Se impuso un tutelaje que reordenó el Estado dominicano a imagen de los intereses de Washington, con la promesa de modernización y estabilidad. Nunca se cumplió.
Un siglo después, el paralelismo con Venezuela resulta inquietante si se observa desde la economía política del poder.
En el escenario venezolano, el eje no es la Aduana, sino la industria petrolera. En un país donde el petróleo ha sido históricamente la principal fuente de divisas y de poder político, asumir su control equivale a rediseñar el Estado venezolano desde su base material.
No se trata solo de extraer crudo, sino de decidir quién cobra, quién invierte y quién gobierna. En ambos casos, la narrativa apela al colapso interno. Crisis fiscal ayer, crisis humanitaria y energética hoy.
La intervención se presenta como un mal necesario para restaurar el orden, pero el método revela continuidad imperial.
En 1916, Estados Unidos actuó casi sin contrapesos en el Caribe. En 2026, un movimiento similar en Venezuela se daría en un mundo multipolar, con China, Rusia y otros actores disputando influencia.
Eso haría la “toma del petróleo” más conflictiva, más costosa y más inestable que la toma de la Aduana dominicana.
La lección histórica es clara. Cuando la soberanía se reduce a una variable económica, el país intervenido deja de ser sujeto político y se convierte en problema administrativo. Y ayer como hoy, esa transformación deja heridas que duran generaciones.
