El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, expresó preocupación por lo que definió como “uso excesivo” de la prisión preventiva en República Dominicana, y solicitó al Departamento de Estado que precise la cantidad de estadounidenses y residentes que guardan prisión bajo esa figura jurídica.

Cualquiera diría que McCaul cumple con su deber al señalar la posibilidad de que ciudadanos o residentes de ese país guarden prisión de manera irregular en el sistema carcelario dominicano, pero es evidente que su preocupación se mezcla con veladas amenazas.

La naturaleza imperial en lo externado por ese congresista sale a relucir en su carta al secretario de Estado, Antony J. Blinken, en la que reclama que se le proporcionen respuestas sobre el uso correcto de los fondos otorgados al país para programas relacionados con la prisión preventiva. El dinero es poder.

Al proclamar que su prioridad principal “es la seguridad y bienestar de ciudadanos y residentes estadounidenses en cualquier país”, McCaul, reclama al gobierno estadounidense “tomar medidas inmediatas” ante el tema de la prisión preventiva que consideró un problema “endémico” y de “larga data”.

Los dominicanos aspiran a que el sistema de justicia opere de forma tal que ningún ciudadano guarde prisión de manera irregular a causa del uso excesivo de la prisión preventiva y por ningún otro motivo, sin importar si se trata de estadounidenses, australianos o de cualquier nacionalidad.

La Oficina de Defensoría Pública reveló que 70 % de los más de 25,000 privados de libertad son preventivos y que de los más de 17,000 presos que ostentan esa condición al menos la mitad ya cumplió su tiempo de prisión y siguen encarcelados por asuntos meramente burocráticos.

Se admite la validez de la preocupación externada por el influyente legislador por esas ominosas estadísticas que establecen que casi diez mil personas guardan prisión pese a que cumplieron con las medidas de coerción impuestas por los tribunales.

Lo que se rechaza tajantemente es el lenguaje imperial y sesgado usado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos para referirse a la posibilidad de que entre esos privados de libertad figuren súbditos o residentes en esa nación. Con razón, pero sin sobrepasarse, porque aquí también se reclama sana administración de justicia.