A propósito de la desaparición de la niña Brianna Genao, en Puerto Plata, el Observatorio de Derechos Humanos solicitó al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Alerta Ámber.
Esta normativa crearía un sistema de notificación de emergencia que se activa cuando un menor de edad ha sido sustraído o se encuentra desaparecido y existe un riesgo inminente de que sufra daño físico.
Mediante este mecanismo, se movilizarían la Policía Nacional, los medios de comunicación, las redes sociales y la ciudadanía, con el objetivo de localizar al menor en el menor tiempo posible, tomando en cuenta que las primeras horas son cruciales.
En ese contexto, el Observatorio manifestó su preocupación por el incremento de desapariciones en la República Dominicana, no solo de niños, sino también de adolescentes, jóvenes y personas envejecientes.
La organización social deploró que familias de desaparecidos se vean obligadas a vivir en la incertidumbre, sin conocer el paradero de sus seres queridos.
Además del caso de la menor de Puerto Plata, el Observatorio de Derechos Humanos citó el caso de Roldanis Calderón, un niño de tres años, desaparecido el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega.
Alerta Ámber
Ámber es un acrónimo en inglés de America’s Missing: Broadcast Emergency Response, que en español significa “Desaparecidos de América: Respuesta de Emergencia por Difusión”.
Este sistema fue creado en honor a Amber Hagerman, una niña de nueve años que en 1996 fue secuestrada y asesinada en Texas. Su caso motivó a la comunidad y a los medios de comunicación a impulsar un mecanismo de respuesta inmediata.
En la República Dominicana, el proyecto de ley propone la creación de una brigada nacional, coordinada por diversas instituciones, para garantizar una respuesta inmediata, sin esperar las 24 o 48 horas tradicionalmente requeridas.
La Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto en segunda lectura en julio de 2025, y actualmente la pieza se encuentra bajo estudio en el Senado de la República.
Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil y entidades de protección de la infancia instan a los legisladores a aprobar con urgencia la normativa, la cual permitiría agilizar la búsqueda y localización de niños desaparecidos.
