El procurador general adjunto ha advertido a Participación Ciudadana (PC) que tiene la obligación de informar al Ministerio Público sobre supuestas revelaciones “sumamente graves” que una jueza imputada por prevaricación habría confiado a directivos de esa institución.

Tiene razón el magistrado Bolívar Sanchez al señalar que la ley obliga a los ciudadanos conocedores de un delito o crimen que se haya cometido o que pueda perpetrarse, denunciarlo ante las autoridades, o sufrir pena de complicidad por encubrimiento.

La suspendida magistrada Awilda Reyes Beltré, de quien el presidente de la Suprema de Justicia, Mariano Germán, dijo que confesó que recibió dinero a cambio de emitir una sentencia, habría confiado a Rosalía Sosa, Javier Cabreja y Francisco Alvarez Valdez, “datos graves” sobre el escándalo de sobornos a jueces.

Llama la atención que los directivos de esa agrupación cívica, al afirmar que lo dicho por la jueza Reyes Beltré “es sumamente grave”, declinen transmitir al Ministerio Público tales revelaciones, “para no entorpecer las investigaciones”, como si esa confidencia perjudicara en vez de beneficiar las indagatorias sobre ese caso.

La afirmación de que la magistrada imputada ha revelado “datos graves sobre soborno”, signa en una dirección dramática la investigación que realiza la Procuraduría General, por lo que puede decirse que el silencio de Participación Ciudadana sobre algo que dice saber es lo que realmente entorpece la acción del Ministerio Público.

Medios de comunicación y redes sociales divulgan decenas de datos en torno a lo acontecido alrededor del escándalo que agobia a la judicatura, pero ninguno tiene la certeza de que ha sido ofrecido por uno de los imputados, como ha sido la revelación hecha por la jueza Reyes Beltré a Participación Ciudadana.

El Ministerio Público reclama ahora que Participación Ciudadana cumpla con la ley e informe sobre datos “sumamente graves”, que dicen tener y que interesan a las autoridades, pero no se conoce en virtud de cuál previsión legal invitó a representantes de esa institución a participar en diligencias procesales relacionadas con ese caso.

Los intervinientes en el proceso que se encamina contra jueces o servidores de la justicia implicados en prevaricación deben estar revestidos de las calidades mandatorias en la ley, a menos que se desee que este escándalo se ventile en un gran escenario circense que incluya cristianos y leones.