Es al Ministerio Público al que corresponde proclamar su independencia frente a los demás poderes del Estado, para lo cual requiere de una actuación prístina, transparente, absolutamente apegada a la ley y al derecho, sin consentir ningún tipo de coacción o manipulación procedentes de intereses externos o internos.

La procuradora general, Miriam Germán Brito, ha cultivado la confianza de la sociedad en base a actuaciones frente a diversos expedientes incoados contra funcionarios públicos, militares, contratistas, legisladores y empresarios, así como en sus recios y reiterados planteamientos de que su gestión no promoverá retaliación.

Se recibe con legítima preocupación la cada vez más extendida madeja de rumores o especulación que se tejen en los ámbitos mediáticos o de redes y pasillos jurídicos sobre supuestas situaciones de conflictos al interior del Ministerio Público.

El Consejo Superior del Ministerio Público canceló al inspector general de esa institución, magistrado Juan Medina de los Santos, porque supuestamente ingresó de noche de manera inconsulta al despacho del procurador adjunto Pedro Amador. En su lugar fue nombrado Viterbo Cabral González.

Ese episodio lacera la reputación de una institución que hoy funge como locomotora que conduce al Poder Judicial hacia puerto de certidumbre ética donde debería garantizarse el fin de la corrupción e impunidad y sellarse la garantía de sana administración de justicia.

La falta que se le imputa al cancelado inspector, de ingresar sin autorización al despacho de un procurador adjunto, es de tal gravedad que requiere de una exhaustiva investigación que ayude a esclarecer el caso y a diluir lo que podría convertirse en una mancha indeleble para la imagen de la Procuraduría General.

La autonomía del Ministerio Público se expresa en la facultad que la ley concede a fiscalizadores, fiscales, procuradores de cortes y procuradores generales para investigar y dictaminar sobre expedientes puestos a su cargo, sin ningún tipo de intromisión, con la sola supervisión de la Inspectoría General, porque el Ministerio Publico es uno e indivisible.

La democracia dominicana requiere de un órgano previsor y persecutor de crímenes y delitos, absolutamente independiente, en el que sus integrantes estén libres de toda sospecha, conforme a la máxima aquella de que “la esposa del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo”.