Luis Pérez Casanova
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La transformación del Banco Nacional de la Vivienda (BNV) en uno de desarrollo y fomento de las exportaciones fue una buena iniciativa del Gobierno. Todos la saludaron por los múltiples beneficios que entraña una entidad que se ocupe de financiar y buscar mercados a la producción de bienes y servicios. Lo que nadie esperaba, ni podía esperar, era la daga que representa la cláusula que destina un 10% (26 mil millones de pesos) de los fondos de pensiones en bonos, títulos, cédulas, valores u otras obligaciones para capitalizar el proyecto. La objeción, como cabía suponer, no se ha hecho esperar.

Y la más simples de las razones para oponerse es que los recursos aportados para cuando llegue la hora de retiro de sus dueños no deben ser tocados para ningún propósito, por más rentable y seguro que pueda resultar, sin el aval de sus propietarios.

La intención de disponer de los fondos ensombrece desde ya, por su componente político, las operaciones del Bandex, como se denomina el proyectado Banco Dominicano de Desarrollo de las Exportaciones. En modo alguno se puede olvidar la traumática experiencia con la quiebra de entidades como el Banco de los Trabajadores, sin que los activos fueran recuperados ni nadie sometido a los tribunales. La designación de su presidente y los integrantes de su consejo directivo por decreto corrobora la aprensión. La nueva entidad podía reducirse a otra oficina pública, dominada por el clientelismo político, el tráfico de influencia y la ineficiencia, más que a un banco un criterio técnico. De esa manera su misión quedará lejos de representar un nuevo instrumento para estimular la colocación en el exterior de los productos nacionales.

Pero en cuanto al uso del 10% de los fondos de pensiones hay otras interrogantes. Aunque la idea había sido rechazada, según dijo el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, a alguien se le ocurrió presentarla, sin reparar incluso en problemas constitucionales o legales. Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), también se sorprendió con la cláusula en cuestión, pues pensaba que había quedado claro que no procedía porque las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen libertad de escoger las inversiones dentro de una cartera, conforme a lo establecido por la comisión calificadora de riesgos. Es preferible pensar que se trató de un desliz, con todo y lo mucho que cueste aceptarlo, y no que las leyes ni el futuro de los trabajadores importaran un comino a los autores de la pieza legislativa.

El deseo es que los fondos de pensiones sean utilizados en sectores que generen empleos y mayor rentabilidad. Pero antes que inventar con apuestas arriesgadas, como la que se ha planteado con el Bandex, lo más tranquilizante y seguro es dejarlos donde han estado creciendo en forma segura, sin importar la lentitud.